La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del
ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos los poderes públicos y
los ciudadanos de España, en vigor desde
el 29 de diciembre de 1978.
La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de
diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos I el
27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre
del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la
llamada transición a la democracia, que tuvo lugar como consecuencia de la
muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior jefe de Estado, el general
Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que
transformaron el anterior régimen dictatorial en un «Estado social y
democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», tal y
como proclama el artículo primero de la Constitución. En él también se afianza
el principio de soberanía nacional, que reside en el pueblo, y se establece la monarquía parlamentaria como
forma de gobierno. Deroga, además, en la Disposición Derogatoria (en sus
últimas páginas), las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas en 1938 y
modificadas en múltiples ocasiones, la última de ellas en 1977.
La Constitución establece una organización territorial
basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas,
rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Tras el proceso de formación del Estado de las
Autonomías, las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza
política que configura a España como un Estado autonómico. Las entidades locales, como los municipios y
las provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, cuyas
instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del
marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas.
El rey es el jefe del Estado.
